Lutnick debe explicar, de forma pública, por qué se autorizaron las ventas de chips a una empresa vinculada con un espía

Howard Lutnick debe explicar, por escrito y bajo escrutinio, por qué autorizó las ventas de chips a una empresa vinculada con un presunto espía chino. Los legisladores de Washington le exigen ahora que lo haga, y su petición es razonable. Los controles de exportación existen para impedir que la tecnología más avanzada llegue a los rivales, de modo que una decisión que parece debilitarlos necesita una justificación documentada.

El problema aquí es de procedimiento, no de culpabilidad. Nadie fuera del Gobierno puede afirmar todavía qué sabía el señor Lutnick, cuándo lo supo ni qué asesoramiento recibió. Esa incertidumbre es el problema. Un secretario que firma ventas sensibles debería poder demostrar qué comprobaciones se hicieron sobre el comprador, qué dijo la comunidad de inteligencia y quién tomó la decisión final.

El contexto más amplio hace más urgente una respuesta clara. El caso Nvidia avanza deprisa y buena parte de él es confusa: las redes sociales están llenas de afirmaciones sobre el consejo de administración de la compañía y sobre su consejero delegado, y la historia de fondo no está clara. Un diario económico también ha preguntado quién ganó unos 200 millones de dólares al vender en corto acciones de Nvidia antes de lo que denomina «Jensxit», pero se desconoce quién fue el operador y si la apuesta tuvo alguna relación con la decisión de exportación. Además, un informe de mayo de un vendedor en corto activista planteó dudas sobre la exposición de la empresa a la aplicación de los controles de exportación a través de intermediarios en el Sudeste Asiático. Eran acusaciones, no conclusiones. Las afirmaciones no probadas llenan el vacío que deja el silencio oficial.

El argumento contrario más sólido merece una consideración justa. Los partidarios del secretario sostienen que un vínculo empresarial con un presunto espía no es una prueba de irregularidad, y que los funcionarios toman a diario decisiones sobre licencias con información incompleta que luego, con perspectiva, parecen peores. Añaden que las decisiones de exportación suelen basarse en evaluaciones clasificadas y que exigir explicaciones públicas podría poner en peligro a las fuentes o dar a los rivales un mapa de lo que saben las agencias estadounidenses. La presión del Congreso, advierten, puede convertirse en un espectáculo político en el que cada titular adverso equivalga a una presunción de culpabilidad.

Estos argumentos explican cómo debe llevarse a cabo la investigación, pero no justifican eludirla. Nadie pide al Congreso que condene a nadie por lo que diga un titular. Lo que se pide es el razonamiento detrás de una decisión, y puede ofrecerse por capas: una declaración pública sobre el proceso seguido y una informe clasificado más completo para las comisiones competentes. Un secretario que ha actuado correctamente comprobará que el expediente le favorece. Quien no pueda reconstruir la decisión tiene un problema mayor que la mala prensa.

Lo que debe ocurrir a continuación es concreto. El señor Lutnick debería entregar a las comisiones competentes el expediente de licencias, las comprobaciones de diligencia debida sobre el comprador y cualquier dictamen discrepante de otras agencias, con las partes clasificadas tratadas en sesión cerrada. La inspección general del departamento de Comercio debería revisar si se siguieron sus propios procedimientos. Mientras tanto, deberían suspenderse las nuevas licencias concedidas a la empresa en cuestión, una medida cautelar que no prejuzga nada. Por último, los reguladores financieros deberían examinar las operaciones inusuales con acciones de Nvidia y decir públicamente si existe alguna relación con información no pública. Si las respuestas son limpias, el secretario quedará exonerado y los controles recuperarán su credibilidad. Si no lo son, el público y los aliados que dependen de esos controles tendrán que saberlo.