¿Debe el Congreso someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth?

La Cámara de Representantes ha bloqueado un intento de someter a juicio político a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, pocos días después de que los republicanos perdieran terreno en las elecciones legislativas de mitad de mandato. La resolución fue presentada por un legislador republicano, Thomas Massie, lo que dificulta descartarla como una maniobra puramente partidista. Hegseth ha calificado este tipo de resoluciones de ataque a la Constitución y a la cadena de mando, y ha afirmado que todo el asunto es política. El margen exacto de la votación y el texto completo de las acusaciones no están claros en la información disponible.

La disputa es importante porque concierne a quién controla el uso de la fuerza militar estadounidense. Los críticos sostienen que las acciones militares, entre ellas los ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar con drogas y la guerra con Irán, se llevaron a cabo sin la autorización del Congreso que, según ellos, exige la Constitución. También señalan la destitución de altos mandos militares, los largos periodos sin ruedas de prensa y el ambiente tenso en la sala de informaciones del Pentágono, donde se advirtió a los periodistas de que podían ser expulsados. Los defensores de Hegseth afirman que las operaciones fueron legales y que el Ejército rinde cuentas por sus éxitos. Todavía se desconoce si la Cámara volverá a abordar la cuestión cuando entre en vigor su nuevo equilibrio de poder.

Argumentos a favor

El Congreso tiene el deber constitucional de vigilar los poderes de guerra. Los partidarios del juicio político sostienen que la Constitución obliga al Ejecutivo a obtener autorización antes de comprometer al país en una intervención militar, y que Hegseth ni la solicitó ni la recibió. Si el poder legislativo permite que un secretario dirija una guerra sin su consentimiento, argumentan, el mecanismo de control concebido por los padres fundadores habrá desaparecido en la práctica. El juicio político es el único instrumento que obliga a dar una respuesta.

Las acusaciones se refieren a la conducta, no solo a la competencia. Cargos que van más allá del mal desempeño e incluyen denuncias sobre víctimas civiles, abuso de poder y ataques al carácter apolítico de las Fuerzas Armadas. Según sus defensores, un secretario que aparta de sus puestos a un gran número de oficiales superiores, y al que se acusa de querer un Ejército politizado, pone en peligro el equilibrio entre civiles y militares que el juicio político existe para proteger.

En otros ámbitos, la rendición de cuentas ha brillado por su ausencia. Quienes apoyan la iniciativa señalan que Hegseth lleva meses sin ofrecer ruedas de prensa y sin comparecer ante un Congreso controlado por su propio partido. Afirman que las familias preocupadas por los despliegues prolongados, las condiciones de vida y los suicidios entre militares no han recibido respuestas públicas. Si la supervisión ordinaria no produce resultados, sostienen, una investigación formal de juicio político es el único camino que queda para exigir pruebas y testimonios.

La iniciativa no partió solo de la oposición. El hecho de que la encabezara un republicano, sostienen los partidarios, desmiente que se trate de una caza de brujas. Añaden que un procedimiento dirigido contra el secretario y sus subordinados, y no contra el presidente, puede sacar a la luz irregularidades sin provocar que la opinión pública cierre filas en torno a la Casa Blanca.

Argumentos en contra

El juicio político es una herramienta poco adecuada durante un conflicto abierto. Los opositores sostienen que destituir o amenazar con destituir al secretario de Defensa en plena guerra daña la cadena de mando y distrae de las operaciones. Afirman que envía a Irán, a los cárteles y a otros adversarios el mensaje de que Washington castiga a sus propios dirigentes por llevar a cabo misiones militares legales.

El caso jurídico está en disputa, no probado. Los defensores de Hegseth sostienen que las acusaciones sobre los poderes de guerra y las víctimas civiles son discrepancias de interpretación y de criterio, que normalmente se dirimen en los tribunales, en las audiencias y mediante las decisiones presupuestarias, y no con la destitución. El juicio político, afirman, está pensado para las faltas graves, y las discrepancias políticas o las operaciones impopulares no entran en esa categoría.

El control civil incluye la potestad de cambiar a los mandos. Los partidarios de Hegseth aducen que elegir quién dirige los ejércitos es una prerrogativa esencial de un secretario civil que actúa en nombre del presidente. Sostienen que oponerse a sus decisiones, o al ritmo de los despidos, es una objeción política y no equivale a un delito grave.

El momento elegido parece político. Los opositores ven en la iniciativa un intento de aprovechar el revés electoral de los republicanos y convertirlo en un trofeo. Una moción de destitución que no logra superar la Cámara, afirman, solo produce espectáculo, enquista las divisiones partidistas y da a Hegseth la oportunidad de presentar el proceso como un golpe de efecto en lugar de responder al fondo de las críticas.

Qué lo resolvería

La primera prueba es procedimental: lo reñida que fue la votación en la Cámara y si más republicanos se suman a la iniciativa a medida que se consolide el nuevo equilibrio político. La segunda son las pruebas. Si las denuncias sobre el uso de la fuerza sin autorización, las muertes de civiles o el abuso de poder se examinan en audiencias, en documentos requeridos mediante citación o en sentencias judiciales, ganarán o perderán credibilidad. Las cifras oficiales sobre los despidos y las conclusiones propias de las Fuerzas Armadas sobre los ataques a embarcaciones y la campaña contra Irán serían de gran ayuda. Que Hegseth comparezca finalmente ante el Congreso para responder preguntas es otro indicador. Por último, la evolución del conflicto con Irán determinará si el argumento de la estabilidad en tiempo de guerra resulta convincente o vacío.