El Congreso debe votar sobre la guerra con Irán, pase lo que pase con Hegseth

La Cámara de Representantes debería aprovechar las votaciones de esta semana para hacer lo que ha evitado durante 256 días: decidir si Estados Unidos está en guerra con Irán. El representante Thomas Massie, republicano, ha presentado un artículo de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y se espera hoy una votación de procedimiento, a la que seguirá mañana la votación del juicio político. Sea cual sea la opinión que se tenga del secretario, la acusación en el centro del asunto es concreta y verificable. El artículo señala que la operación en Irán lleva 256 días en marcha sin autorización del Congreso.

Esa cifra importa más que cualquier argumento sobre la personalidad o la idoneidad. La Constitución otorga al Congreso la potestad de declarar la guerra y financiarla, y una campaña de esta duración, con el estrecho de Ormuz todavía cerrado, no puede calificarse de acción breve o limitada. El Gobierno de Irán afirma que no hay negociaciones en curso y que el estrecho seguirá cerrado hasta que se cumplan sus siete condiciones. Nada en la información pública indica un final temprano, por lo que la pregunta de quién autorizó este conflicto, y con qué propósito, no va a desaparecer.

La objeción más sólida es que el juicio político es el instrumento equivocado. Destituir o amenazar con destituir a un secretario de Defensa en mitad de una operación, sostienen los críticos, envía una señal de división a un adversario y distrae de la conducción de la campaña. Añaden que el juicio político está reservado a delitos graves y que una discrepancia política con el Legislativo es un asunto político que debe resolverse en las elecciones o mediante la financiación, no a través de un proceso concebido para la mala conducta. Hay un punto más: el presidente elige a su propio equipo y el secretario ejecuta las órdenes del comandante en jefe.

Hay fuerza en este argumento, y no creemos que el juicio político deba convertirse en una forma rutinaria de registrar discrepancias sobre la estrategia. Pero la objeción demuestra menos de lo que parece. El secretario es el funcionario que dirige la operación, y una acusación de que se ha llevado a cabo durante 256 días sin el consentimiento del Legislativo atañe a cómo ha utilizado su cargo, no solo a cuál debería ser la política. El Congreso también tiene pocas alternativas eficaces si sus líderes se niegan a celebrar una votación sobre la guerra. Un proceso que obliga a los miembros a dejar constancia de su posición es imperfecto, pero es mejor que un silencio indefinido.

El silencio tiene sus propios costos. Sin autorización, no hay una declaración del Legislativo sobre qué se pretende lograr con la guerra, cómo se reconocería el éxito o cuándo debería detenerse. Las tropas y los aliados quedan operando bajo objetivos conocidos solo por el Ejecutivo. Mientras tanto, los mercados y los gobiernos de la región se quedan adivinando si la posición de Washington está definida o podría cambiar con el próximo ciclo de noticias.

Lo que debería ocurrir a continuación es sencillo. La Cámara de Representantes debería celebrar las votaciones previstas y permitir que los miembros dejen constancia de sus posiciones, incluidos quienes consideran que el juicio político va demasiado lejos. Si el artículo fracasa, sus promotores y sus críticos deberían pasar de inmediato a una resolución sobre los poderes de guerra o a una autorización plena, la que cuente con mayoría, con objetivos claros y la obligación de informar. Debería citarse al secretario de Defensa para que declare bajo juramento sobre los objetivos de la operación, su base jurídica y su duración prevista.

Si el Congreso respalda la guerra, la asumirá como propia y el Ejecutivo actuará con la autoridad del Legislativo detrás. Si se niega, la Administración tendrá que poner fin a la operación o buscar un acuerdo. Cualquiera de las dos respuestas es mejor que un conflicto que entra en su noveno mes porque no se ha obligado a nadie a votar.