OpiniónLa posición de Global Eye 24

El compromiso de Dimon de recuperar el impuesto a la banca británica es una amenaza, no un argumento

Un impuesto a la banca puede criticarse por sus méritos, pero prometer compensarlo para dar una lección a los gobiernos no responde a nada y merece una réplica basada en pruebas.

Jamie Dimon
Jamie Dimon. Photo: Steve Jurvetson, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Claves

  • La intención declarada de Dimon es dar ejemplo a los gobiernos, lo que supone una represalia y no un análisis del impuesto.
  • La objeción más sólida contra el impuesto es real: los costes podrían recaer en los clientes, los empleados o la inversión en Reino Unido, y no solo en los accionistas.
  • Los ministros deberían publicar las pruebas y JPMorgan debería explicar con precisión qué cambiará, para que ambas partes puedan ser juzgadas.

Jamie Dimon tiene derecho a calificar de injusto el aumento del impuesto a la banca en Reino Unido, pero la respuesta que ha elegido, buscar fórmulas para compensarlo de modo que los gobiernos aprendan las contrapartidas de este tipo de penalizaciones, es la forma equivocada de impugnarlo. Un impuesto debe mantenerse o caer en función de su diseño y de sus efectos. Una promesa de recuperar el dinero, presentada como una lección, dice mucho de la posición negociadora del banco, pero nada sobre si el gravamen es acertado.

La postura contraria al impuesto merece ser escuchada. Quienes respaldan la posición de Dimon sostienen que los bancos son una parte vital de la economía, que ya tributan mucho más que otras empresas y que son un blanco fácil porque el público siente poca simpatía por ellos. Si el gravamen reduce la rentabilidad de la actividad en Reino Unido, afirman, las empresas trasladarán personal, activos o préstamos a otros lugares, y las arcas públicas recaudarán menos de lo previsto. Se trata de un argumento económico legítimo, y un Gobierno que lo ignore corre el riesgo de aplicar una medida que parece acertada el día en que se anuncia, pero que acaba costando más después.

Pero es un argumento sobre resultados, y Dimon no lo ha planteado. La información disponible no ofrece ninguna cifra sobre el coste del aumento para su banco, no describe cómo pretende recuperarlo ni indica qué clientes, productos o empleos cargarían con ese coste. Sin esos detalles, «compensar» podría significar cualquier cosa, desde recortar las bonificaciones hasta subir comisiones o trasladar operaciones al extranjero. Son resultados muy distintos para Reino Unido, y el público no puede sopesarlos mientras la amenaza siga siendo vaga.

El motivo declarado empeora el problema. Si el objetivo es dar ejemplo a otros gobiernos, la respuesta está calibrada para enviar un mensaje, no para corregir un error del impuesto. Las empresas presionan constantemente a los gobiernos, y eso es normal. Pero anunciar de antemano que se va a hacer daño con una política para disuadir a quienes quieran imitarla es otra cosa, y da pie a responder que un impuesto que provoca semejante reacción está surtiendo efecto. Además, ofrece a los ministros una salida fácil para desechar cualquier objeción genuina como puro interés propio.

Nada de esto exime al Gobierno. Los ministros decidieron subir este impuesto y deberían poder mostrar las pruebas que lo respaldan: cuánto se espera recaudar, quién se prevé que lo pague y qué supuestos sobre el crédito, los precios y las deslocalizaciones subyacen a esas cifras. La información disponible no ofrece ese análisis, por lo que no podemos afirmar si el gravamen está bien calibrado. Un impuesto que se defiende únicamente señalando el tamaño de los beneficios de un banco está tan mal argumentado como una objeción que se apoya solo en el tamaño de su influencia.

El camino a seguir es sencillo. El Tesoro británico debería publicar su evaluación de impacto, incluida su estimación de la parte del coste que probablemente trasladarán los bancos a clientes y empleados. JPMorgan debería explicar, de forma concreta y con antelación, qué pretende cambiar en Reino Unido y en qué medida. Y el Gobierno debería comprometerse a revisar la medida transcurrido un plazo fijo, comparando la recaudación obtenida con la previsión y los efectos observados sobre el crédito, para poder ajustar el impuesto si está perjudicando a quienes no debe. Así, ambas partes argumentarían con las mismas cifras y el público podría juzgar cuál de ellas tenía razón.

Este editorial expresa la posición de Global Eye 24. Escrito con ayuda de IA, traducido del inglés. ¿Ha visto un error? Escriba a corrections@globaleye24.com.