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¿Pueden los países ricos permitirse reducir drásticamente la inmigración?

Mientras los Gobiernos restringen las entradas, los partidarios ven una corrección largamente pendiente y los críticos advierten de que nadie ha dicho quién pagará la diferencia.

A person holds an Indonesian passport in an airport
A person holds an Indonesian passport in an airport. Photo: Yazid N, via Unsplash

Claves

  • La mano de obra ociosa en el país y la reforma de las pensiones, y no la mano de obra importada, deberían cubrir los huecos, y la migración poco cualificada puede suponer un coste fiscal neto.
  • Una migración controlada y bien ajustada produce un saldo neto positivo, por lo que reducirla deja un hueco de financiación y de mano de obra que sus defensores no han calculado.
  • Conviene seguir los datos fiscales oficiales por nivel de cualificación de los migrantes, si las personas hoy inactivas realmente acceden a empleos, y cómo financiarán los Gobiernos las pensiones y los cuidados.

En varias democracias ricas, el consenso político sobre la inmigración se ha desplazado hacia la restricción, y las entradas están cayendo. El economista Alan Manning, que fue responsable del Comité Asesor sobre Migración del Reino Unido, ha comparado el cambio con el giro de la política estadounidense en los años veinte del siglo pasado, que frenó las llegadas durante unas cuatro décadas. Las pruebas disponibles no permiten saber con claridad cuán grandes son las caídas actuales ni hasta dónde llegarán, y el ritmo varía según el país.

La cuestión es importante porque la migración afecta a varias partidas presupuestarias a la vez: pensiones, sanidad y atención social, prestaciones, vivienda y oferta de trabajadores. Los Gobiernos están logrando las cifras más bajas que muchos votantes reclamaban. El problema pendiente es qué se deriva de ello y quién paga si los argumentos económicos a favor de la migración resultan ser sólidos.

Argumentos a favor

La migración poco cualificada puede costar más a las arcas públicas de lo que aporta. Los partidarios de la restricción señalan datos oficiales de los Países Bajos y Dinamarca que, según afirman, muestran que los migrantes con menor cualificación tienen un saldo neto negativo para el erario. Cuando los trabajadores cobran salarios bajos, pagan pocos impuestos y tienen personas a su cargo, reciben prestaciones por tener empleo o utilizan vivienda social, las cuentas pueden no cuadrar. El argumento se basa en el balance fiscal, no en una opinión sobre los migrantes como personas.

Hay mano de obra sin aprovechar en el propio país. En Gran Bretaña hay unos 1,7 millones de personas desempleadas y otros 1,9 millones inactivas desde el punto de vista económico que dicen querer trabajar. Quienes defienden reducir la migración sostienen que un país con tanta capacidad ociosa debería invertir en su propia fuerza laboral, reformar los incentivos que desalientan aceptar empleos mal pagados y aumentar la productividad, en lugar de depender de mano de obra barata procedente del extranjero.

La migración es una mala respuesta al envejecimiento de la población. Según esta visión, traer trabajadores más jóvenes para sostener las pensiones es una solución temporal que solo aplaza el problema, ya que los recién llegados también envejecen. El remedio honesto es la reforma de las pensiones. Algunos ven además en la inmigración una tentación para los Gobiernos, porque los recién llegados aumentan rápidamente la recaudación fiscal y al principio reciben menos prestaciones, una ganancia a corto plazo que embellece las cuentas.

La tecnología puede reducir la necesidad de mano de obra importada. Si la automatización y la inteligencia artificial elevan la producción por trabajador, el argumento a favor de grandes flujos de entrada se debilita. Los partidarios añaden que la cohesión social y el consentimiento público también son activos económicos, y que una política que los ignora provoca una reacción política.

Argumentos en contra

Una migración bien gestionada produce un saldo neto positivo, y reducirla lo desaprovecha. Los críticos del giro restrictivo admiten que la migración tiene costes. Sostienen que el balance es positivo cuando las entradas se controlan y se ajustan a los empleos que hay que cubrir. Una política que recorta las cifras de forma generalizada, en lugar de afinar quién llega, corre el riesgo de descartar la parte beneficiosa junto con la costosa.

Quienes quieren los recortes no han dicho cómo se financiará la diferencia. Si las entradas caen, la población en edad de trabajar que financia las pensiones y los servicios públicos crece más despacio. Los detractores preguntan si los partidarios aceptarán impuestos más altos, una edad de jubilación más tardía o un gasto menor, y sostienen que obtener la política que se quiere implica asumir su coste.

Los trabajadores ociosos no son un sustituto inmediato. Que haya 1,7 millones de desempleados y 1,9 millones de inactivos que quieren trabajar no significa que encajen con las vacantes en cuanto a competencias, ubicación o salario. Los críticos afirman que la idea de que las prestaciones alejan a la gente de los empleos mal pagados se afirma más de lo que se demuestra, y que la recualificación y el aumento de la participación laboral requieren años y dinero.

El supuesto dividendo tecnológico es especulativo, y las distinciones son difusas. Las ganancias de productividad atribuidas a la inteligencia artificial son una previsión, no un resultado, y cuesta conciliarlas con el temor de que esa misma tecnología ya esté perjudicando las perspectivas laborales de los jóvenes. Los detractores también señalan que casi toda la migración, incluida la salida de trabajadores británicos hacia Estados Unidos, el Golfo y Australia, tiene motivos económicos, de modo que calificar a alguien de migrante económico no resuelve nada sobre su valor. La analogía estadounidense también es discutida: el auge del país en aquellas décadas tuvo muchas causas, y es posible que las restricciones no fueran una de ellas.

Qué lo resolvería

El debate fiscal puede responderse, en principio, con datos oficiales: las contribuciones netas de por vida de los migrantes desglosadas por nivel de cualificación, vía de entrada y tiempo de residencia, tanto en Gran Bretaña como en los países citados. Las cifras que utiliza cada bando no son directamente comparables, y las pruebas disponibles no permiten saber hasta qué punto los resultados neerlandeses y daneses son extrapolables a otros lugares.

El debate sobre el mercado laboral gira en torno a si las personas que hoy están fuera del empleo ocuparán puestos de trabajo a medida que caigan las entradas, y si las vacantes en los cuidados, la hostelería y sectores similares se cubren o quedan sin ocupar. Los datos de productividad mostrarán si la automatización aporta las ganancias que prevén sus defensores.

Las decisiones presupuestarias llegan al final. Los Gobiernos que reduzcan la migración tendrán que decidir sobre las edades de jubilación, los niveles de impuestos, la financiación de la atención social y la reforma de las prestaciones. Las pruebas aquí presentadas no fijan plazos, pero esas decisiones, y la trayectoria de la economía que de ellas se derive, mostrarán si la reducción de la migración era asumible o un compromiso sin financiación.

Los mejores argumentos de cada lado, expuestos por la redacción de Global Eye 24 con ayuda de IA, traducidos del inglés. ¿Ha visto un error? Escriba a corrections@globaleye24.com.