La brecha de las scale-ups: lo que revela la salida de Depledge sobre la política de crecimiento del Reino Unido

Una disputa sobre el vocabulario que apunta a un vacío político

El Financial Times informó el martes de que Alex Depledge, que asesoró a Rachel Reeves en materia de emprendimiento y dejó el Gobierno tras el Presupuesto de John Healey, aseguró que el Tesoro no entiende a las scale-ups. Su ejemplo más contundente fue de carácter lingüístico: dijo que había advertido en repetidas ocasiones al despacho de la canciller de que «enterprise» y «scale-ups» son cosas distintas, pero que el discurso del Presupuesto las había confundido. Un día después suavizó su postura y afirmó que muchos de los defensores más firmes de esta agenda eran los ministros y funcionarios con los que había trabajado.

El paso atrás es relevante. Significa que las afirmaciones más duras, que los funcionarios fueron obstruccionistas y que al Tesoro le falta la comprensión necesaria, descansan ahora en un único testimonio ofrecido en una conferencia y después matizado. Lo que permanece es una pauta que merece atención, porque la distinción que trazó no es un prurito de pedantería. Una tienda de barrio, una consultora y una empresa que crece a varias veces el ritmo de la economía necesitan cosas distintas, desde financiación y tratamiento fiscal hasta contratos públicos. Un Gobierno que utiliza una misma palabra para todas ellas probablemente diseñará un único conjunto de herramientas.

La contratación pública es la verdadera prueba

La acusación más concreta se refiere a la compra pública. Depledge explicó en la conferencia que la mayoría de los contratos gubernamentales de tecnología recaen en grandes contratistas principales estadounidenses, y que su intento de incorporar a un presidente externo en un grupo de trabajo sobre contratación pública fue bloqueado tras un enfrentamiento con un alto funcionario. Atribuyó esta situación a la reticencia a perder el control. No se informó de ninguna respuesta por parte del funcionario en cuestión, y la postura pública del Tesoro, transmitida por el secretario financiero James Murray, fue que ella había aportado una crítica útil a la política.

No podemos verificar su relato, pero la estructura que describe resulta familiar. Los ministros han dicho que quieren que más contratos lleguen a las pequeñas empresas y que las ofertas se valoren en parte por los empleos británicos que generen. Esos objetivos chocan con un sistema de compras que premia a los proveedores capaces de asumir riesgos y costes de cumplimiento normativo. Una persona con experiencia en el sector lo explicó con precisión: las normas de licitación construidas sobre capas de requisitos políticos son manejables para una gran empresa con un equipo especializado en ofertas, pero inmanejables para una firma de treinta personas. Otra sostuvo que los funcionarios, de forma racional, eligen a grandes proveedores porque es el proveedor quien carga con la culpa si un proyecto fracasa.

La incorporación de un presidente externo habría sido una prueba de si esa lógica puede cambiarse. No está claro si fue bloqueada por las razones que dio Depledge o por motivos ordinarios de gobernanza. Lo que sí está claro es que el grupo de trabajo, tal como se ha informado, todavía no ha demostrado que pueda modificar el flujo de los contratos.

Founders' Relief y la cuestión fiscal

La segunda prueba es la fiscal. Depledge contribuyó a diseñar el Founders' Relief, que ofrece un tipo del 10 % sobre las plusvalías de por vida de hasta 10 millones de libras, y lo defendió como un impulso al mayor motor de crecimiento del país. El especialista en fiscalidad Dan Neidle lo ha criticado por considerar que solo beneficia a un grupo reducido de fundadores. La opinión de las personas con experiencia en el sector se dividió en líneas similares: algunas lo consideraron una señal útil, mientras que otra sostuvo que recompensa vender pronto en lugar de construir una gran empresa duradera, y que las modificaciones anteriores de las desgravaciones relacionadas con la herencia habían perjudicado más a los propietarios a largo plazo.

Esa discrepancia es el núcleo del asunto. Un alivio que se paga en el momento de la venta incentiva las salidas; la política de scale-ups suele querer que los fundadores se queden y sigan invirtiendo. El remedio propuesto por la propia Depledge, redirigir el dinero de los fondos de pensiones hacia las scale-ups, aborda el lado del capital de ese problema y es, según ella misma afirmó, la vía más probable para un crecimiento sostenido en esta legislatura. Sin embargo, también encuentra sus propias dificultades, ya que los administradores de los fondos tienen obligaciones que ningún ministro puede pasar por alto.

Qué hay que vigilar

Tres cuestiones mostrarán si esto fue un simple enfrentamiento pasajero. En primer lugar, si el lenguaje del Tesoro cambia en futuras declaraciones y distingue entre las scale-ups y la política general de emprendimiento. En segundo lugar, si el grupo de trabajo sobre contratación pública incorpora un liderazgo externo o publica datos sobre adjudicaciones a pequeñas empresas y a empresas británicas. En tercer lugar, si se conocen detalles sobre la canalización del capital de pensiones hacia empresas en crecimiento, lo que trasladaría el debate de las desgravaciones fiscales a la brecha de financiación.

Las personas con experiencia en el sector no coincidieron sobre dónde reside la responsabilidad. Algunas señalaron la falta de experiencia en el sector privado de los ministros, otras los incentivos de la función pública que premian el ascenso frente a los resultados, y otras mencionaron la trayectoria profesional mixta de la canciller. La lectura más útil puede ser que ambas afirmaciones son difíciles de comprobar, mientras que los datos sobre contratos y la adopción de las desgravaciones sí lo son. Esas cifras, más que las declaraciones en una conferencia, dirán si el plan de crecimiento del Gobierno llega a las empresas a las que pretende servir.