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El gasto en pensiones ha superado su propósito original, y la política no se ha puesto al día

Las pensiones públicas nacieron como un escudo contra la pobreza en la vejez. Hoy compiten con la educación, la seguridad y la defensa por el presupuesto, y el debate sobre la equidad se está volviendo electoral.

An older man and woman sitting on a bench facing the sea
An older man and woman sitting on a bench facing the sea. Photo: Matt Bennett, via Unsplash

Claves

  • Las pensiones absorben ya un cuarto del gasto público francés, español e italiano en bienes y servicios, y la carga sobre los trabajadores crece casi en todas partes.
  • La reforma choca con el peso electoral de los votantes mayores y con una disputa real sobre lo que dan derecho a recibir las cotizaciones pasadas.
  • Conviene seguir las elecciones francesas, la huelga en Italia y la gestión del triple candado en Reino Unido para ver si algún gobierno puede modificar las condiciones.

Un sistema diseñado para otra población

Cuando los países de renta alta implantaron las pensiones públicas universales a mediados del siglo XX, respondían a la miseria generalizada entre las personas mayores. Según informó el Financial Times, alrededor de la mitad de las personas mayores en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y buena parte de Europa vivía entonces en la pobreza, una tasa varias veces superior a la de los hogares en edad de trabajar. La población anciana era reducida, la fuerza laboral crecía y los salarios subían, de modo que cotizaciones moderadas bastaban para financiar las prestaciones.

Casi todas esas condiciones se han invertido. Las tasas de pobreza entre los pensionistas se cuentan hoy entre las más bajas de cualquier grupo de edad en la mayoría de los países ricos, y en varios países europeos los ingresos de los jubilados, una vez descontados los gastos de vivienda, superan a los de las personas en edad de trabajar. En Gran Bretaña se están acercando a los ingresos de los adultos jóvenes, y en Estados Unidos ya los han igualado. El consumo medio de los hogares con más de 60 años supera ahora al de las familias en edad de trabajar en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, España e Italia.

El argumento a favor del apoyo público en la vejez sigue en pie. Lo que ha cambiado es si el diseño actual todavía responde a la necesidad para la que fue creado.

Quién paga y cuánto

La mayoría de los países funcionan con sistemas de reparto, en los que los trabajadores de hoy financian a los pensionistas de hoy. Eso hace que el modelo sea muy sensible a la demografía: una mayor esperanza de vida amplía el número de beneficiarios, mientras que la caída de la natalidad y el débil crecimiento salarial limitan los ingresos. En Gran Bretaña y Estados Unidos, el gasto público en pensiones equivale a alrededor del 20 % de los salarios brutos de la población activa, frente al 10 % de 1970. Si se suma la atención sanitaria a las personas mayores, la cifra supera el 25 %, y llega a en torno al 40 % en España y al 50 % en Francia.

Las consecuencias presupuestarias son visibles. Las pensiones absorben uno de cada cuatro euros que los gobiernos de Francia, España e Italia destinan a bienes y servicios públicos. En 2024, el Estado francés gastó en pensiones más que en educación, seguridad, vivienda, infraestructuras y defensa juntas. Luis Garicano, de la London School of Economics, sostiene que el sistema ya es insostenible y que solo se mantiene a flote gracias a lo que se sacrifica para pagarlo.

El panorama distributivo resulta incómodo para quienes defienden el statu quo. Los baby boomers de Gran Bretaña y Francia podrían recibir casi el doble de lo que aportó su generación, y los boomers de más edad en España, unas tres veces más. Las cohortes posteriores apenas podrían recuperar lo aportado en Francia y España. Un estudio de la Brookings Institution calcula que 2 billones de dólares en prestaciones estadounidenses durante la próxima década irán a jubilados con ingresos anteriores a las prestaciones superiores a 200.000 dólares. Mientras tanto, en Reino Unido, uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 34 años va retrasado en el pago de algunas o de todas las facturas del hogar, frente a uno de cada 40 mayores de 65.

El terreno en disputa

La objeción más fuerte a la reforma no es aritmética, sino de compromiso. Los trabajadores que cotizaron durante décadas se les dijo que el Estado los respaldaría en la jubilación, y muchos planificaron su vida con razón a partir de esa promesa. Cambiar las condiciones al final de la carrera profesional puede causar pérdidas reales: la subida de la edad de jubilación a mitad de carrera, o el cierre de los planes de salario final mientras tanto, perjudica a personas que tenían poco margen para adaptarse. Cualquier reforma creíble debe distinguir entre esas cohortes y los jubilados más ricos, con ingresos privados sustanciales.

También existe un problema de transición. Pasar del reparto a un sistema de capitalización implica que una generación pague, en la práctica, dos veces: una para los pensionistas actuales y otra para sus propios ahorros. Por eso las vías más plausibles son graduales: elevar la edad de jubilación, cambiar la fórmula de revalorización o condicionar las prestaciones a los ingresos. El material del Financial Times no dice cuál de ellas está dispuesto a seguir ningún gobierno, y tampoco expone las pruebas sobre el ahorro que cada una generaría.

Los votantes mayores constituyen un bloque numeroso y fiel, y muchos creen que su pensión es simplemente la devolución de lo que aportaron. Las cifras anteriores sugieren que esto no es cierto para los jubilados actuales, aunque podría estar más cerca de la realidad para los millennials y la generación Z. Esa brecha de percepción ayuda a explicar por qué los partidos se mueven con cautela.

Qué vigilar

Francia es la prueba más clara. Las protestas de este año en Francia, Bélgica y Grecia han seguido a los intentos de elevar la edad de jubilación. Marine Le Pen, la candidata favorita en las próximas elecciones francesas, ha prometido revertir el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años impulsado por el presidente Macron. Si gana y cumple su palabra, quedará de manifiesto lo limitado que es el margen para la reforma cuando una candidata principal puede hacer campaña contra ella con éxito.

La segunda señal es Italia: los sindicatos han convocado una huelga nacional para el viernes, en la que exigen pensiones más altas y que no se eleve la edad de jubilación. En Gran Bretaña, la cuestión es si el gobierno pasa de mantener el compromiso del triple candado a rediseñarlo. Cualquier giro hacia la condicionalidad de las prestaciones a los ingresos, como ya practican otros países, supondría un cambio real en la forma de definir las pensiones.

El indicador a largo plazo es fiscal. Si el coste de las pensiones sigue absorbiendo una parte creciente del gasto público, la presión sobre la inversión, los servicios y los salarios de los trabajadores jóvenes se agudizará. La cuestión política es si algún partido logrará defender el cambio antes de que los mercados de deuda o los votantes lo impongan.

Análisis de la redacción de Global Eye 24, con ayuda de IA, traducido del inglés. ¿Ha visto un error? Escriba a corrections@globaleye24.com.